Los proyectos iban a afectar a 339 hectáreas de suelo agrícola en Novelda, Aspe, Monforte del Cid y Agost
La empresa promotora de las macroplantas fotovoltaicas La Balsa y La Cascada ha decidido abandonar ambos proyectos tras reconocer el amplio rechazo social generado y la dificultad de llevarlos a cabo. La renuncia supone un giro importante en un conflicto que había movilizado durante meses a vecinos, propietarios, instituciones y organizaciones agrarias del Medio Vinalopó.
La decisión fue comunicada en una reunión celebrada en el Ayuntamiento de Novelda, con la participación del alcalde, Fran Martínez; la concejala de Urbanismo, Isabel Miralles; representantes de la Asociación de Afectados por las Plantas Fotovoltaicas; técnicos municipales y responsables de El Chopo Desarrollos. Durante el encuentro, la promotora admitió que no había valorado suficientemente el impacto territorial de las instalaciones ni el rechazo existente en el municipio.
El alcalde destacó que la empresa se comprometió a no impulsar ningún proyecto “en contra de la voluntad” de Novelda, una oposición que quedó reflejada en las cerca de 4.000 alegaciones presentadas. Martínez calificó la renuncia como “una victoria” fruto de la movilización ciudadana y del trabajo conjunto entre vecinos, propietarios y Ayuntamiento.
Desde la Asociación de Afectados, su presidente, Miguel Lucas, subrayó que la negativa mayoritaria de los propietarios a vender sus terrenos ha sido clave para frenar las plantas. Según explicó, la promotora aseguró que la expropiación no forma parte de su política empresarial, lo que hacía inviable el desarrollo de las instalaciones.
Los proyectos contemplaban una potencia conjunta de 115,4 megavatios sobre unas 339 hectáreas de suelo agrícola, principalmente en Novelda, aunque también afectaban a Aspe, Monforte del Cid y Agost. Las plantas se proyectaban sobre terrenos en producción, especialmente de uva de mesa con denominación de origen, además de viviendas diseminadas y el entorno del paraje de La Horna.
La retirada llega después de las críticas de organizaciones agrarias como Asaja Alicante, que habían advertido del riesgo que estas macroplantas suponían para el modelo agrícola del valle del Vinalopó y reclamaban ubicar las energías renovables en suelos degradados, no en terrenos de alto valor productivo.
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